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jueves, 20 de junio de 2019

Un continente bajo investigación por corrupción

Nueve países enviaron 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas para sustentar los procesos judiciales por los sobornos de Odebrecht, y más de la mitad —un total de 68— correspondieron a Perú, donde este año el escándalo incluyó el suicidio del ex Presidente Alan García antes de ser arrestado por su presunta implicación

En ese país por la trama de corrupción hay acusaciones contra tres ex mandatarios más: Alejandro Toledo, Ollanta Humalla y Pedro Pablo Kuczynski, además de otras personas, entre ellas, Keiko Fujimori, líder de la oposición e hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori. Este mes se dictaron condenas contra ocho ex funcionarios regionales, con penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

Otros dos países que hicieron solicitudes de cooperación a las autoridades judiciales brasileñas por encima del promedio regional fueron Panamá, con 18, y Argentina, con 12. Las naciones que menos solicitudes hicieron a Brasil fueron Venezuela y Guatemala, ambos con una petición, seguidas de República Dominicana y Colombia, que solo hicieron tres solicitudes de cooperación.

En el caso colombiano, las autoridades judiciales adelantan cuatro líneas de investigación, con pesquisas sobre ex ministros y hasta una preliminar sobre el ex mandatario Juan Manuel Santos. En Colombia ya se han dictado cuatro condenas contra funcionarios de rango medio y empresarios, tras demostrarse que recibieron sobornos o lavaron dinero.

¿Dónde no se ha avanzado judicialmente en el caso Odebrecht? De Ecuador, Venezuela, México y Argentina hay pocos adelantos. No obstante, en estos dos últimos países recién se comienzan a tomar acciones. En México se señala una trama ligada a los sobornos de Odebrecht que involucra al ex presidente de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, a su hermana Gilda Susana, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, la mayor siderúrgica privada de ese país.

Meses antes, Argentina había logrado ponerse de acuerdo sobre el intercambio de pruebas judiciales con las autoridades brasileñas, un hecho que había ralentizado el proceso investigativo. La mayoría de los contratos ganados por la constructora brasileña ocurrieron durante las administraciones de los Kirchner.



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