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sábado, 6 de julio de 2019

Escándalo de oficiales policiales y menor de edad reflejan falta de valores y ética en República Dominicana

El escándalo de índole sexual que involucra a altos oficiales de la Policía Nacional y a una menor de edad es considerado como el reflejo de una sociedad que se encuentra sumergida en una profunda crisis de valores éticos y falta de ideologías.

El pasado miércoles el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al general de la Policía Nacional José Acosta Castellanos y al coronel de la misma institución Ángel Piña Batista, acusados de abuso sexual contra una menor de edad.

Para el sociólogo Celedonio Jiménez el que se registren este tipo de acontecimientos pone en evidencia que la sociedad dominicana hay un precario orden ético y de cumplimiento de las normas y reglas que deben regirla.

“Ese caso de los oficiales y muchos otros casos que se dan y que se van a seguir dando dentro de este marco, responden a una falta de solides en lo que tiene que ver con los valores humanos, sociales y éticos. Eso está por el suelo en este país, y es una cosa lamentable”, Sostiene Celedonio Jiménez.

Dice que a ese estado de cosas se le denomina Anomia, que es un concepto desarrollado por el sociólogo francés Émile Durkheim que expresa un desorden social que en nuestro caso considera se da principalmente en las llamadas figuras de autoridad y a nivel familiar.

Advierte que en escenarios como el que plantea la situación en que se encuentran Acosta Castellanos, Piña Batista la adolescente “los padres han asumido una postura, no solo en este caso, si no en muchos otros casos, de dejar hacer y dejar pasar e inclusive hasta lo estimulan”, agrega Jiménez al resaltar que ocurre principalmente por establecer relaciones que permitan obtener posibilidades de tipo social y económicas.

Posibles causas

Para el expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos Milton Corniel casos como el que plantea la alegada participación de los oficiales policiales en los hechos que se le imputan ocurren en el marco de lo que se conoce como el peligro del poder que supone que personas se creen con autoridad y posición económica tan elevadas que actúan como si las leyes y la justicia solo fuera aplicable para los de menor jerarquía.

Entre las posibles causas que dan al traste con el involucramiento de menores de edad con personas adultas considera que “la ausencia de figuras paternas aliena el desarrollo y procesos normativos de los hijos e hijas abriendo espacio a la demanda de afectividad saludable, seguridad y autoestima pobre especialmente de las niñas que las vulnerabiliza y las hace presa de figuras de poder y autoridad que aprovechando estas necesidades las victimizan”, expresa el profesional de la conducta.

Señala como otros factores que pueden darse para este tipo de relación son la disfunción familiar, la no integración a valores sanos, la rebeldía, desafío a la autoridad y la minimización del valor de las consecuencias frente a los desafíos que afronta la familia y los adolescentes actualmente, entre otros.

Valora el aspecto económico un factor mediante el cual “para los agresores se hace muy fácil impresionar y manipular a mentes jóvenes con ciertas necesidades emocionales y carencias afectivas. Los adolescentes aún tienen una madurez muy pobre de las consecuencias de éste tipo de relaciones y sus agresores tienden a colonizar sus mentes para lograr sus fines”, considera Corniel.

Sobre el particular agrega que los adolescentes tienden a confundir sus necesidades reales y ceden a cambio de que les sean suplidas sus carencias usualmente por sus agresores y destaca que “los recursos económicos y posiciones de poder construyen un sistema de complicidades que pocas veces se denuncia y sin consecuencias.”, afirma.

Dice que las víctimas de estas de este tipo de casos vive viven un sistema de dominación que las acorrala, les infiere diferentes maltratos que en algunos casos pueden llegar a causar ansiedad y depresión.

Panorama legal

De acuerdo al abogado Carlos Balcácer el general José Acosta Castellanos y el coronel Ángel Piña Batista, procesados por abuso sexual contra una menor de edad, podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo la calificación jurídica que le dé el Ministerio Público al caso en base a la ley 136 y el Código Penal Dominicano y si se puede probar que hubo agresión sexual.

Según el jurista, en el caso de Acosta Castellano las principales evidencias que lo incriminan son el documento de acuerdo o acuerdo que este habría firmado para con la madre de la menor y las fotografías que a su juicio “hablan por sí mismas”

A él (general Acosta) se le exige la compra de un apartamento y otros bienes e inmuebles más. Él no los puede comprar y lo que hace es que firma el documento y se compromete y deja una huella de la tentativa de la tentativa de extorsión, porque es extorsión, exactamente lo que dice el artículo 400 del Código Penal Dominicano, bajo el constreñimiento o amenaza de para algo tuyo ponerte a ti a firmar”, explica.

No obstante estima que este podría estar recibiendo una pena laxa o mitigada (floja) que dice establece el Código Penal Dominicano en su artículo 339 cree sería de entre dos y tres años de prisión por las circunstancias que pudieran favorecerle, entre ellas la conducta de la madre de la menor y de ella misma que entiende son pasibles de ser sometidas a la justicia y el hecho de tener una hoja de servicios aparentemente limpia.

“Si se prueba que hubo agresión sexual o penetración sexual con la adolescente a él le cabe fácilmente una pena quizás hasta máximo de 10 años, pero eso es muy improbable porque la menor se está negando a dar el testimonio de lo que realmente aconteció en la escena sexual con ella porque no quiere que el general o la propia autoridad le reviertan la situación a ella y a su madre y la encausen por el tema de la extorsión”, considera.

En tanto al coronel Piña sostiene que han salido a relucir elementos que agravan su situación a pesar de que en principio tiene una imputación similar a la del general, y cita como las principales el que este envió a la menor a una cárcel a realizar una extorsión.

“La situación del coronel, irónicamente podría ser peor que la del general porque transitó el mismo camino en cuanto al tema de las agresiones sexuales y se prestó también para explotarla a ella sexualmente, porque tú enviar a una gente a una cárcel a los fines de extorsionar, pero poniendo en el medio el tema sexual eso implica comercialización con menores; explotar menores”, dijo.

Casos frecuentes

En el país son frecuentes los casos de involucramiento de adultos con menores de edad, lo que ha sido catalogado por profesionales de la conducta y la sociología como un mal que ha venido socialmente aceptándose a pesar de estar prohibido legalmente.



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