Indígenas ecuatorianos protestan; presidente pide diálogo

En otras circunstancias las calles de Quito estarían más tranquilas que de costumbre, con ecuatorianos que disfrutan de un día de descanso por feriado nacional. Este viernes, sin embargo, la capital lucía un semblante descompuesto: mostraba hombres cojeando, cubriéndose las cabezas y las bocas para protegerse de los gases y levantando los brazos en alto para fracturar piedras contra el piso para lanzarlas a la policía. Por la tarde, el presidente Lenín Moreno hizo un llamado al diálogo directo.

En cadena de radio y televisión, el mandatario dijo que “es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los problemas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos para conversar”.

“Hablemos de a dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos que vayan a donde quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma, que el país sepa que tenemos la voluntad de diálogo, pues aquí está la mía”, aseveró.

Las protestas y el llamado presidencial se produjeron luego de un paquete económico decretado el 1 de octubre que quitó un subsidio de 1,300 millones de dólares para los combustibles, lo que generó un sustancial incremento del precio de esos productos.

La medida generó protestas y la furia de los indígenas. Durante las últimas horas, cientos de inconformes salieron al centro-norte quiteño, con gritos, banderas, palos, mientras la policía lanzaba gases, sin tregua.

Tras varios enfrentamientos, la confrontación dejó un saldo de personas con problemas de asfixia, contusiones y heridas de diversa magnitud que recibieron atención por parte de personal de asistencia médica de las universidades y de la Cruz Roja.

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) se quejó de la represión y acusó al gobierno de que “mandan a asesinar a la gente que lucha por sus derechos... nos dan (agreden) con balines de goma y esto vamos a entregar a Naciones Unidas, para que no digan que es mentira”.

Con un penacho de plumas en la cabeza y pintura en la cara, el manifestante indígena de la Amazonía Jairo Gualinga afirmó en medio de las protestas que “vamos a estar firmes, no nos vamos a ir hasta que el presidente derogue las medidas, tenemos mucha energía y no nos vamos a cansar”.

Los indígenas buscaban tomar la Asamblea, que esta semana ya habían logrado controlar momentáneamente, y avanzar al palacio de gobierno, ambos sin funcionarios. En un momento de la tarde, todo se calmó, los indígenas se sentaron mientras los uniformados suspendieron su actividad.

El presidente Moreno transfirió su gobierno de Quito a Guayaquil en días pasados a causa de los disturbios.

A pesar de todo, las protestas no parecen amenazar la continuidad democrática de este país. El gabinete ha mostrado su respaldo a Moreno y el viernes el presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que todos los legisladores “tenemos la posición firme de respeto a la estabilidad democrática y de que la Asamblea sea garante de ese derecho que tienen los ecuatorianos”.

En las últimas horas llegó a la capital un millar de indígenas de la Amazonía para aumentar la presión sobre el gobierno de Moreno, que desató la tensión al decretar un paquete económico con duros ajustes fiscales, entre ellos una sustancial elevación de los precios de los combustibles.

Los enfrentamientos del viernes se produjeron al inicio de un feriado nacional de tres días en medio de una virtual paralización y con incertidumbre política debido a las protestas sociales que se han extendido por más de una semana.

Fuera de las zonas de choques entre manifestantes y autoridades, la capital y otras ciudades lucían desoladas, no solo por el feriado, sino por la casi nula actividad de esta semana, a lo que se sumó la suspensión de actividades en escuelas, colegios y universidades debido a las violentas manifestaciones.

Jenny Poveda, 51 años, dueña la tienda de abasto, La Morlaca, dijo a The Associated Press que han sido días muy duros. “Casi ocho días sin trabajar, hemos cerrado y ahora no se vende nada, no hay derecho al vandalismo, tenemos derecho a trabajar a que nos dejen trabajar. Las medidas han sido drásticas, pero debemos seguir trabajando”.

Miles de indígenas permanecen concentrados en la Casa de la Cultura y universidades católicas cercanas para seguir protestando, aunque en el resto de la capital se registran esporádicas paralizaciones de vías y algunas llantas quemadas.

Los indígenas han causado estragos mínimos en esta ciudad, pero su poder real está en el campo y las carreteras, a las que con bloqueos con árboles y piedras logran paralizar y suspender el tráfico interprovincial.

En las principales terminales de autobuses de Guayaquil, Quito y otras ciudades hay una reducida concurrencia de usuarios para desplazarse aprovechando el feriado nacional de tres días, mientras las empresas de transportes no ofrecen garantías de que los viajes como suele estar previsto a causa de bloqueos en las vías alentados por grupos indígenas.

Los ataques de indígenas a pozos de producción de petróleo e instalaciones del principal oleoducto obligaron a la empresa estatal Petroecuador a declarar en todas sus operaciones situación de fuerza mayor, contemplada en sus contratos, lo que significa una advertencia a sus socios y proveedores de posibles retrasos e incumplimientos de entregas, evitando así multas o sanciones.

Las protestas iniciaron el 3 de octubre con un paro de transportistas que dejó al país sin servicio urbano e interprovincial, poco después los estudiantes se unieron y finalmente los indígenas llegaron por miles desde el lunes a la capital para rechazar la eliminación de subsidios a los combustibles, cuyos precios pasaron de 1,85 dólares el galón de gasolina a 2,39, y el diésel de 1,03 a 2,30 dólares, entre otras reformas de carácter laboral y financiero.

El saldo de los incidentes es de cinco fallecidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, aunque el gobierno ha reconocido dos muertos y no producto de la represión, sino de un atropellamiento y una caída.

El gobierno ha señalado que hay cerca de 700 detenidos y que muchos ya fueron liberados.

Ante la situación, Moreno --que empezó a gobernar en mayo de 2017 y debe terminar su mandado en mayo del 2021-- trasladó la sede del gobierno a Guayaquil para reducir tensiones.