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jueves, 9 de enero de 2020

Investigación determina que campesinos no son los propietarios de las tierras de El Seibo

La investigación realizada por la comisión que ordenó la Presidencia de la República determinó que las tierras que reclamaban unas 212 familias en Vicentillo, provincia El Seibo, no pertenecen a ellos, sino que son de la entidad privada, llamada La Carmita S.A.

Este jueves, la comisión integrada por José Dantes Díaz, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado; Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano; Luis Miguel Pichirillo, el director ejecutivo del Consejo Estatal de Azúcar, y Antonio López, director de Instituto Nacional del Azucarero, emitió su informe, en el que concluyó que Pedro Guillermo Varona “El cubano”, a través de la sociedad comercial La Carmita, adquirió todos sus derechos a través de compra de terceros particulares, y que “el Estado nunca ha figurado con derechos de propiedad registrados en estos terrenos”.

El informe, leído por Dantes Díaz y que contó con representantes de los agricultores, sostiene que La Carmita adquirió desde el año 1988, varias parcelas completas y una porción de terreno en el año 2006, todas ubicadas en El Seibo, las cuales suman más de 8.7 millones de metros cuadrados, equivalentes a 13,946.50 tareas.

“Las ocupaciones de los campesinos, las mediciones catastrales, la verificación de títulos de propiedad y el censo social confirman que las parcelas que ocupaban los agricultores de Vicentillo nunca han sido propiedad del Estado”, concluyó la investigación.

Origen del dilema

La investigación determinó que el 8 de marzo del 1975, durante el mandato de Joaquín Balaguer, se emitió el decreto número 486, declarando de utilidad pública e interés social la adquisición por parte del Estado, de una porción de terreno en el entonces municipio de Hayo Mayor, provincia El Seibo, con una extensión de 1,846.05 tareas, ubicadas dentro de 24 parcelas, las cuales tienen un área total de aproximadamente 20,019 tareas, propiedad del señor Pedro Zorilla.

No obstante, “el gobierno nunca pagó el proceso de expropiación, y, por ende, no fue hecho público, lo que le permitió al señor Pedro Zorilla disponer de sus inmuebles y traspasándolos en favor de terceros, acorde precisa la investigación”, expresa el documento.

El informe sostiene que los campesinos de Vicentillo procedieron a ocupar los terrenos amparados en dicho decreto. “Sin embargo, esas ocupaciones no se realizaron dentro de las 24 parcelas descritas en el decreto, sino en otros trece inmuebles distintos, nueve de los cuales se encuentran registrados a favor de la sociedad comercial La Carmita”, acorde a las indagaciones de la comisión.

Identificarán otros terrenos para entregarlos a agricultores

La comisión indicó que el Gobierno empieza un proceso para identificar otros terrenos de propiedad estatal, con vocación agrícola para determinar su factibilidad, propuesta de distribución y posible creación de un asentamiento para que los agricultores trabajen las tierras.

El sacerdote Miguel Ángel Gullón, presentante de los campesinos, organizados en la Unión de Productores Mamá Tingó de El Seibo, indicó que respetan la investigación y que están confiados en que el Gobierno cumpla con ellos y les entregue tierra sus títulos.



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