Robo de cable en el aeropuerto Las Américas no está exento de una condena por terrorismo

Luis Abel Bens “Chiricuí” es el responsable, según el Ministerio Público, de sustraer 1,653 pies de cables en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), lo que provocó retraso y desvío de 15 aviones y pérdidas por RD$30 millones.

Por el hecho, que afectó a más de tres mil personas el pasado domingo 23 de mayo, “Chiricuí”, de 21 años, que se entregó a las autoridades, fue enviado a una cárcel de San Pedro de Macorís para cumplir tres meses de prisión preventiva, en una acusación que el Ministerio Público califica de “asociación de malhechores y robo agravado, que se enmarcan dentro de los denominados actos de interferencia ilícita, descritos en la Ley 188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil”, señala un comunicado de prensa.

Antes de esa inculpación, surgieron diferentes versiones que se contradecían entre sí: la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, lo llamó “acto vandálico”, mientras que el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (Cesac) informó que se trató de un incendio en los cables eléctricos que alimentaban el sistema de luces de la pista.

Si se continúa con la acusación de robo, el imputado se enfrenta a una pena que podría llegar hasta los 20 años de prisión. Sin embargo, abogados penalistas indican que la acusación podría dar un giro en las siguientes fases y ser condenado por terrorismo, cuya pena va de 30 a 40 años, según la Ley 267-08.

Abogados: imputación podría variar

La abogada Ingrid Hidalgo indica que al principio existió la sustracción de los alambres, pero con la intención de apropiarse de la cosa que no le pertenece, no con la intención de causar un acto de terrorismo.

Sin embargo, sostiene que podría variarse si durante el transcurso de la investigación surgen pruebas que puedan demostrar que no fue robo sino acto de terrorismo. “Las calificaciones de los tipos penales por el Ministerio Público siempre son provisionales”, expresó Hidalgo.

De su lado, el abogado Carlos Salcedo entiende que la acusación del Ministerio Público se trata de una calificación jurídica provisional que puede ser modificada en la audiencia preliminar, en la fase intermedia o en el juicio de fondo.

Aclara que cuando concluya la investigación el Ministerio Público debe ser preciso con respecto a la calificación jurídica, “porque se supone que ya hicieron una investigación amplia. Y ahí podría variar sustancialmente la calificación jurídica, perjudicando o beneficiando al imputado”.

Salcedo también explica que si el juez o una de las partes advierte durante el juicio de fondo que los hechos no resultan suficientes para una determinada calificación jurídica, también puede haber una modificación de la calificación para que el imputado se defienda de esa acusación.

La empresa Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom), que administra la terminal, no emitió ninguna reacción sobre el proceso legal que llevan las autoridades judiciales; sin embargo, el encargado del departamento de Comunicación saludó la atención y respuesta que han dado las autoridades al caso y confían en que la Justicia actuará.

Detrás de otros prófugos

Las autoridades también persiguen al hermano del imputado conocido como “Cochin” y al nombrado “Esmailyn”, señalados como los compañeros del robo.

Según una nota de la Policía Nacional, los jóvenes tenían el hábito de ingresar a las inmediaciones del aeropuerto para buscar desechos, y señala que el fallo se produjo luego de que penetraran por el Mega Puerto a través de un camino desolado.