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jueves, 2 de diciembre de 2021

Acusación caso Antipulpo va a pasar por su primera prueba de fuego

La Operación Antipulpo, primera de las grandes investigaciones anticorrupción ejecutadas en la gestión de Miriam Germán, enfrentará a partir del lunes su primera prueba de fuego, pues luego de que sea depositada la acusación, un juez se encargará de juzgar las pruebas y determinar si son suficientes para enviar a juicio a Juan Alexis Medina Sánchez y a los demás imputados.

Las declaraciones emitidas por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dan indicios de que nuevas personas y hechos delictivos serán incluidos en este proceso judicial.

Camacho reveló que conforme profundizaron en las indagatorias, encontraron nuevas denuncias y querellas y se incrementaron las líneas de investigación que fueron presentadas durante la medida de coerción.

En los documentos de la investigación que se han filtrado, aparecen nuevos nombres de personas que son objeto de esta investigación anticorrupción.

Por ejemplo, en una resolución del 1 de septiembre un tribunal autorizó al Ministerio Público a allanar propiedades de Wilfredo Antonio Ramírez Sánchez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Wander Méndez Rodríguez, Wilfredo Arturo González Castillo, Víctor Matías Encarnación, Máximo Suárez Baba, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Olguín Marte, Víctor Kelin Santiago, Germán Santiago, Antonio Florentino Méndez, Sonia Betsaida Domínguez Báez y Pedro María de la Cruz, entre otros.

El expelotero de Grandes Ligas, Sammy Sosa, también ha sido sometido a varios interrogatorios por el caso Antipulpo.

La Pepca establece que una de las empresas de Alexis Medina Sánchez había autorizado a Sammy Sosa, el 31 de octubre del 2017, para que gestionara un préstamo o una línea de crédito de US$10 millones ante una entidad bancaria dominicana, entre otras acciones que a los investigadores les han parecido sospechosas.

La fundación sin fines de lucro Tornado Fuerzas Vivas constituye uno de los supuestos cuerpos de delito que investiga la Pepca.

Las investigaciones preliminares han establecido que esa organización utilizó fondos públicos para financiar las campañas del expresidente Danilo Medina en 2016 y la campaña presidencial de Gonzalo Castillo en el 2020. La Pepca indica que esta fundación es objeto de su interés porque financiaba a personas con poder de decidir sobre las instituciones con las que negociaba el entramado societario.

Las investigaciones especiales que recientemente dio a conocer la Cámara de Cuentas también serán incluidas en la acusación que presentará la Pepca.

Esas auditorías han agravado la situación penal de Juan Alexis Medina y de los otros funcionarios apresados durante la Operación Antipulpo y acusados de crear un entramado de corrupción que se benefició de sus vínculos con el gobierno de Danilo Medina para sustraer fondos públicos de diferentes instituciones.

Los informes evidencian serias irregularidades en contratos de Alexis Medina con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como en procesos de urgencia para reparar 56 hospitales en 2013. Además, revelan irregularidades en procesos administrativos del Ministerio de Salud Pública en los que participaron miembros del presunto entramado corrupto.

Como parte de la denominada Operación Antipulpo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sometió a la Justicia a los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, así como a Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.

Las autoridades aseguran que mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.



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