Wilson Camacho dice recusación en caso Coral 5G es dilatación innecesaria del proceso

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó de “dilatación innecesaria” la recusación de la defensa del imputado Julio Camilo Santos Viola a la jueza Kenya Romero, que conocería este martes la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Coral 5G.

“La defensa lo único que puede conseguir con esto es una dilación innecesaria del proceso, pero está perdiendo algo de vista, pueden retrasar, pero la fuerza de la verdad los va a perseguir, los va a perseguir por una razón elemental: cada afirmación que hace el Ministerio Público en este proceso está probada más de 10 veces”, afirmó el procurador adjunto.

“La recusación que ha presentado la defensa de Viola en el día de hoy es una recusación en la que no se ha presentado en el tribunal ninguna causa que afecte la imparcialidad de la jueza que estaba supuesta a conocer la medida de coerción”, prosiguió.

En respuesta a periodistas que lo entrevistaron a la salida de la sala de audiencias, Camacho fustigó que la defensa del también general de la Fuerza Aérea (FARD) apele a un argumento “tan débil” como que la juzgadora fue quien dictó las órdenes de arresto contra el grupo.

En ese sentido, aclaró que la coordinación del tribunal de la Instrucción dicta órdenes de arresto en todos los procesos, lo cual -dijo- ni aquí ni en ninguna parte del mundo es causa de recusación.

Rechazan habeas corpus

En otro aspecto del caso, el Ministerio Público valoró la decisión del tribunal que rechazó la acción de habeas corpus que interpuso la defensa del general De los Santos Viola, tras establecer que ese órgano de justicia presentó en tiempo hábil la solicitud de medida de coerción en su contra.

La jueza Clara Luz Jiménez, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, conoció la acción de habeas corpus del militar de alto rango.

“Este tribunal rechazó la acción de habeas corpus, que era una acción a todas luces y de forma evidente improcedente, y la rechazó sobre las bases de que el Ministerio Público presentó su solicitud de medida de coerción en tiempo hábil, eso fue una situación que ni siguiera la defensa ha podido negar en este tribunal”, señaló.

Imputados

Por este entramado de corrupción, el Ministerio Público también sometió a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

Junto a la solicitud de medida de coerción consistente a 18 meses de prisión y la declaratoria del caso complejo, el Ministerio Público depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.

El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.

En la audiencia también representaron al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, María Melenciano, Jonathan Pérez y Arolin Lemos Féliz.

El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.