Después de más de cien años de vida republicana y del predominio de dos partidos tradicionales, el próximo 7 de agosto asumirá el gobierno en Colombia, Gustavo Petro, que se convertirá en el primer presidente de izquierda elegido por el voto popular, el cual se propone aplicar de inmediato varias medidas calificadas de “atrevidas”, para crear las bases de un “cambio real en lo político, económico y social”.
Así lo explicó en entrevista para Diario Libre, Tarsicio Rivera Muñoz, integrante del equipo coordinador del Pacto Histórico, una coalición calificada de “multicolor” por estar integrada por organizaciones de izquierda, liberales, democráticas, sociales e indígenas, que postuló como candidatos en las elecciones presidenciales al binomio Petro-Francia Márquez, que ganó la segunda vuelta electoral con 11 millones 281,013 votos, el pasado 19 de junio.
El dirigente social también citó que entre las prioridades de Petro está continuar el proceso de pacificación de la sociedad colombiana, con el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por las antiguas insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el pasado gobierno de Juan Manuel Santos.
Decisiones atrevidas
Rivera Muñoz refiere que conocedores del respaldo popular que tiene el presidente electo y que auguran tendrá el futuro gobierno; en el primer año de gestión Petro someterá varias medidas calificadas de atrevidas, una de ellas es el sometimiento al Congreso de una reforma tributaria para que las personas que tienen grandes capitales y sueldos de más de 10 millones de pesos colombianos paguen más impuestos.
Esto incluye -dice- la propuesta de eliminar las privilegiadas exenciones y los tratamientos preferenciales a los dueños del capital, por lo que “el trabajador debe de estar tranquilo y los desempleados también. Porque son ellos que tienen que pagar”.
En esa misma dirección, la propuesta reforma tributaria incluiría que los grandes latifundios que no son productivos tendrían que pagar impuestos, para obligarlos a que sean productivos, y a los que no quieran pagar, el presidente electo ha declarado que se les comprarían las tierras para repartírselas a la gente.
Una segunda ley a someter sería una reforma al Congreso de la República, que según las encuestas manejadas por el pacto histórico tiene un 73 % de desprestigio.
“Proponemos que los legisladores trabajen toda la semana, que solo trabajan tres días, rebajarle los salarios, en la actualidad ganan 35 millones de pesos colombianos, unos 8,500 dólares mensuales y la eliminación de cinco asesores que tiene nombrados cada congresista”, sostuvo.
El integrante de la coordinación del Pacto Histórico, quien se encuentra de visita en República Dominicana, enfatiza que aparte de que tienen salarios altos los legisladores de su país reciben una serie de beneficios como carros blindados pagados por el Estado, el pago de teléfonos celulares, privilegios que propondrán eliminarlos y que se evalué el congreso por las leyes que produzcan en beneficio del desarrollo.
Salud y educación dejarán de ser negocio
El futuro Gobierno de Petro pretende “meter las manos” para transformar la salud y que deje de ser un negocio para convertirla en un derecho fundamental para los colombianos.
De igual manera, pretenden impulsar la reforma de la educación: “En Colombia el 51 % de la educación es pública y el 49 % es privado. Ahora es hacer pública la educación y que los ricos manden sus hijos al exterior si no quieren. Pero que todo el pueblo colombiano tenga gratuidad en la educación desde preescolar hasta la universidad, es el reto que tenemos”.
Toma de la embajada de RD en la contra campaña
El 27 de febrero de 1980 un comando del movimiento guerrillero M-19 tomó la embajada de la República Dominicana, en Bogotá, para pedir la liberación de varios presos políticos, organización insurgente de la cual Gustavo Petro, era miembro de su dirección política.
Aunque la audaz acción guerrillera estuvo dirigida por Rosemberg Pabón, quien luego fue alcalde de la comunidad de Yumbo, 1998-2000 y exsenador, en la contra campaña contra Petro se le acusaba de haber dirigido el asalto a la legación dominicana; pero Tarsicio Rivera Muñoz aclara que en ese momento el ahora presidente electo de Colombia se encontraba preso y recibiendo torturas por sus ideas políticas.
El dirigente del Pacto Histórico entiende que por el contexto en que ocurrió, esta acción insurgente no tendrá ninguna repercusión negativa en las relaciones de ambas naciones y recordó que uno de los primeros presidentes en felicitar a Petro, tras ganar la segunda vuelta fue el mandatario dominicano Luis Abinader.
Rivera Muñoz prosigue y relata que ese no fue el único tema de los sectores adversos contra Petro en la campaña electoral, sino que también se le acusó de ser el comandante del asalto al palacio de justicia por parte del M-19; el 6 de noviembre de 1985, con un saldo de 97 muertos, luego de que el Ejército colombiano retomara con una operación militar el control de esas instalaciones.
Aunque no estuvo en ninguna de esas acciones, porque era de la dirección política no del ala militar del grupo guerrillero, lo señalaban como terrorista, relata Rivera Muñoz.
Un proceso diferente
Otro de los temas esgrimidos en la campaña electoral contra Petro -relata el dirigente colombiano- fue que un gobierno del Pacto Histórico repetiría los modelos políticos venezolano, nicaragüense y cubano.
Como argumento resalta que la coalición elaboró y presentó un programa que no es de un proceso revolucionario estructural a fondo, sino el de un proceso de cambio de tipo democrático.
“Los otros partidos nos hicieron una contra campaña diciendo que nosotros íbamos a hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, que vamos a hacer lo de Cuba, que vamos a hacer como Nicaragua, y eso es falso el programa de nosotros es democrático. Un programa progresista, que genera cambios, pero no son los cambios que generan esos procesos revolucionarios que históricamente conocemos nosotros”, adelanta. l
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