Lo acusan de corrupción, pero dice que vende sombreros para pagar sus abogados

El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) afirmó hoy que tiene que vender “sombreros” y “calcetines” para pagarse los costes legales del caso de corrupción en el que está procesado, mientras los tribunales evalúan una petición de su defensa para intentar que se le retiren los cargos.

“Tengo que vender sombreros, calcetines, para pagar las tasas legales. No quieren que tenga abogados, están presionándome, pero no lloraré, no tengo miedo a nada”, contó Zuma a los seguidores que se congregaron hoy para apoyarle en los juzgados de Pietermaritzburg, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal (este).

“Me llaman corrupto, pero hasta hoy nadie ha podido demostrar qué robé”, continuó el exmandatario, según recogió el portal local de noticias Eyewitness News.

Zuma se pronunció así al concluir las vistas que se estuvieron celebrando esta semana para evaluar una petición presentada por su defensa para que se le retiren los cargos sin que la causa vaya a juicio.

En estas sesiones, el tribunal estuvo escuchando los argumentos de las distintas partes, pero finalmente decidió posponer, sin fecha definida, la emisión de su veredicto.

Según sus abogados, Zuma no tiene garantizado un juicio justo, pues la Fiscalía cometió irregularidades y la causa se ha convertido en una cuestión de “venganza popular” por motivos políticos.

Solo en esta causa, a Zuma se le imputan 16 cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.

Esta imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció la decisión de acusar formalmente al expresidente.

Zuma había dimitido un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban.

En diciembre pasado, otra sentencia judicial obligó a Zuma empezar a pagar sus costes legales, que hasta la fecha estaban siendo financiados por el Estado, y devolver de forma retroactiva lo aportado por las arcas públicas (unos 2 millones de euros, según cálculos de los partidos opositores).

Además, esta causa no es la única investigación por corrupción que pende sobre el antiguo presidente.

La más notoria es la conocida como “Captura del Estado”, que aún se encuentra en sus fases preliminares.

Esta investigación estudia una presunta trama corrupta gigantesca que se extendió durante el Gobierno de Zuma y mediante la que el aparato del Estado quedó enteramente supeditado a beneficiar a empresarios afines al expresidente.