Tribunal aplaza para el lunes coerción a policías mataron a dos jóvenes esposados

La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana aplazó este lunes para el 22 de enero el conocimiento de las medidas de coerción a tres policías implicados en la muerte de dos presuntos delincuentes la semana pasada, en el municipio Villa Hermosa. Los muertos estaban esposados.

La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente, Franchesca Silvestre, acogió la solicitud de los abogados querellantes Justo Carela y Eulogio Rijo.

Los profesionales alegaron que afrontaron dificultades para tener acceso al expediente y no que no fue hasta este lunes que obtuvieron los nombres de los agentes involucrados.

Los policías imputados son Alberto Nolasco De Óleo, Ramón Medina Núñez y Juan Carlos Valdez. En principio la Policía Nacional informó sobre la suspensión de cuatro agentes.

Los uniformados deberán responder por la muerte a tiros de Eddy Antonio García (Peseta Rap), de 24 años, y Ángel Chanel Consoró Rosado (Pilo), de 25.

El hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera La Romana-San Pedro de Macorís, en la entrada al sector Los Maestros, municipio Villa Hermosa.

Según la Policía, los jóvenes abatidos por los agentes eran buscados por la comisión de distintos delitos.

Videos y fotos que circularon en las redes sociales muestran los cuerpos esposados uno del otro y con un revólver encima del occiso Eddy Antonio García.

Además, un video de seguridad capta el momento en que los jóvenes fueron detenidos y aparentemente bajo el control de la patrulla.

En marzo de 2018 la Policía Nacional informó a la prensa sobre el arresto y sometimiento a la justicia de Eddy Antonio García (Peseta), imputado por robo de motocicletas y despojo de celulares a mano armada.

Derechos Humanos

El abogado Félix Valdez Telemín, encargado legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, había calificado el hecho como “otra ejecución extrajudicial” a manos de la uniformada.

Al día siguiente del suceso el general de brigada Rafael Atahualpa Cabrera Sarita, Inspector General de la Policía, y oficiales de Asuntos Internos, se trasladaron a La Romana para indagar y luego rendir un informe que recomendó poner a los policías a disposición del Ministerio Público.