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domingo, 10 de enero de 2021

La Pepca no encontró en casa de Correa hilo que lo enlace a Alexis Medina

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no halló evidencias de que la residencia del exadministrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Julio César Correa Mena, le pertenezca al imputado por corrupción Juan Alexis Medina Sánchez, teoría que buscaban probar conforme la orden de allanamiento emitida por el juez José Alejandro Vargas. la requisa duró casi nueve horas.

Emery Colomby Rodríguez abogada del exservidor público que regenteó Edenorte desde agosto del 2012 hasta agosto del 2020, dijo que los agentes y fiscales de la Pepca, la Dirección General de Aduanas, Dirección Nacional de Control de Drogas con unidades caninas y otros organismos que se dispersaron por cada rincón de la casa, no encontraron ningún elemento que vincule a Correa Mena con Medina Sánchez.

Colomby aseguró que la presencia de los investigadores no tiene nada que ver con la administración de su representado en Edenorte.

“Le repito, la orden de allanamiento con la que vinieron a esta casa, fue otorgada por el juez José Alejandro Vargas y era porque se entendía que esta residencia es propiedad de Juan Alexis Medina y se le demostró que esta propiedad no es del señor Juan Alexis Medina’’ aseveró.

La orden judicial, asegura la abogada, indicaba que debían buscar documentos societarios, cedés, equipos tecnológicos “y nada de eso encontraron en esta casa’’.

El Ministerio Público informó este domingo que “prosigue con sus investigaciones simultáneas de múltiples casos de corrupción administrativa, vinculados entre sí por la participación de exfuncionarios que operaban al mismo tiempo en distintas redes del crimen organizado’’ sin que hiciera mención del investigado, las razones de la búsqueda ni los hallazgos si los hubo.

Alrededor de la medianoche del sábado, agentes de la DNCD ingresaron a la residencia junto a unidades caninas, para detectar si encontraban dinero escondido u otra sustancia ilícita, dijo la abogada.

En un comunicado de prensa la PGR informó que sus órganos investigativos han encontrado que en varios casos existen “fuertes vínculos entre las distintas redes de corrupción que buscan desarticular’’.

En el informe pide a la población y a los medios de información entender que no se debe ventilar información sobre los casos que se investigan a fin de no violar los “límites procesales’’ y promete abundar más adelante acerca de las investigaciones que realiza y que persiguen “lograr el objetivo ciudadano de castigar la corrupción administrativa’’.

“Como lo establece el artículo 290 del Código Procesal Penal: El procedimiento preparatorio no es público para los terceros’’ dice el comunicado.

Tras asumir la administración en Edenorte en el actual Gobierno, el ingeniero Andrés Cueto Rosario aseguró que recibió la institución con un déficit superior a los 116,000 millones de pesos.

Días después, Cueto solicitó a la PGR que investigara una supuesta mafia que operaba a lo interno de Edenorte con el alquiler de vehículos, con cuya práctica se enriquecía a terceros.

Para hacer frente a esa práctica, anunció la devolución de 15 yipetas y otros dos vehículos a las compañías donde fueron rentados y por los que Edenorte pagaba RD$16 millones de pesos al año, y también aseguró que estos vehículos eran utilizados por particulares.

Correa Mena, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), es ingeniero electromecánico de profesión.

En la PGR reposa una querella contra el ex funcionario por alegada malversación de RD$6,052,497,943.30 (seis mil cincuenta y dos millones cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y tres pesos con treinta centavos), durante su gestión en Edenorte, de acuerdo con las pruebas que afirma haber depositado el movimiento cívico no partidista Sed de Justicia.

La búsqueda de pruebas en el interior de la lujosa vivienda de dos niveles, ubicada en el residencial Don Bartolo y en donde se le vio ingresar con una mandarria a un agente de la Policía Nacional, involucró a más de 30 hombres y mujeres, integrantes de las distintas agencias de investigación e instituciones fiscalizadoras del Estado.



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