La falta de reglamentos para Ley Orgánica de la Policía es un escollo en su proceso de reforma

SD. El proceso de reforma de la Policía Nacional, iniciado en 2016 con la promulgación de su Ley Orgánica 590-16 y que actual- mente está siendo retomado con la creación de una comisión para transformar y modernizar a esa institución, tiene entre los escollos a superar la creación y estudio de los reglamentos de aplicación de esa legislación que no han sido concluidos.

Pese a que la pieza, que derogó la Ley Institucional de la Policía Nacional 96-04 establece un plazo de seis meses desde su promulgación para que fueran elaborados que venció el 16 de diciembre de 2016 estos están en el limbo. En febrero de 2017 la Policía había informado que había concluido la elaboración de sus reglamentos.

“En un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Consejo Superior Policial elaborará los proyectos de reglamentos de aplicación de esta ley, a los fines de ser sometidos a la decisión del Presidente de la República”, dice textualmente una de las disposiciones transitorias de la citada ley.

Al respecto el ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez dijo recientemente que “se hizo la ley, pero los reglamentos no se han terminado de elaborar, entonces una de las tareas que tiene el equipo designado recientemente por el presidente es trabajar en todo lo que tiene que ver con la parte reglamentaria”, dijo el funcionario.

“Una ley que no tenga reglamentos de aplicación es igual a decir que son enunciados que se quedan en meros enunciados jurídicos y no aplicación jurídica propiamente dicha”, dijo el viceministro de Seguridad del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Félix, al reconocer que es una de las debilidades que presenta la reforma policial planteada.

La falta de esos lineamientos ha impedido que la Policía realice reformas estructurales como fijar en 20 el tope de sus oficiales generales activos que establece la legislación.

La Policía tiene en sus filas a 42 oficiales generales, incluido su director general, Edward Sánchez González, quien ostenta el cargo de mayor general.

Otros aspectos que adolecen de reglamentos son los concernientes al régimen disciplinario de sus miembros que estaba normado por la Ley 5230.