¿Qué es la violencia obstétrica en embarazadas? #favoryto

El anuncio por parte del Ministerio de Igualdad de que incluirá la violencia obstétrica en la próxima reforma de la ley del aborto ha generado un gran revuelo en torno a este concepto. Mientras que ciertos sectores acogen el cambio con júbilo, argumentando que incide en los esfuerzos para erradicar el machismo, buena parte de los profesionales del ámbito se han manifestado en contra, esgrimiendo que están siendo criminalizados.

Aunque pueda parecer algo novedoso, lo cierto es que el término 'violencia obstétrica' es de hecho muy antiguo: como tarde, aparece en una conferencia de 1827 en Londres recogida en la revista médica The Lancet. En ella, James Blundell critica algunas prácticas que por aquel entonces eran comunes en los paritorios británicos ("tremendas laceraciones, inversiones del útero", cita Blundell), como probar técnicas experimentales con graves secuelas en mujeres sin siquiera informarlas debidamente.

De hecho, Blundell ataca duramente el ansia por intervenir de muchos de sus colegas, y aboga por permitir, en la medida de lo posible, que el parto se desarrolle de forma natural y sólo actuar cuando la situación así lo exija.

Esta crítica se perpetuó durante años, aunque de forma relativamente minoritaria, en boca de muchos profesionales de la obstetricia. Sin embargo, fue el advenimiento del movimiento feminista el que poco a poco logró sacar estas ideas del mundo puramente académico para trasladarlas al debate colectivo.

Tanto fue así que en 2014 la OMS emitió una declaración en la que, sin emplear las palabras "violencia obstétrica", alertaba de que "muchas mujeres alrededor del mundo experimentan tratos irrespetuosos, abusivos o negligentes durante el parto" que incluirían "abuso físico, profunda humillación y abuso verbal, procedimientos médicos no consentidos o coercitivos (incluyendo esterilización), falta de confidencialidad, fallos a la hora de obtener su consentimiento informado, negación a la hora de recibir tratamiento para el dolor, importantes violaciones de la privacidad, negación del ingreso en instalaciones médicas, negligencias que provocan complicaciones evitables potencialmente mortales, y retención de ellas mismas y de los niños en las instituciones por no poder pagar".

Ello motivó que en 2019 la Asamblea General de la ONU elaborase un informe en el que se citaban numerosas prácticas consideradas violencia obstétrica (esta vez sí empleando estas palabras exactas), y que en conjunto forman la definición más aceptada a día de hoy; siguiendo lo señalado en dicho informe, podríamos decir que el concepto se refiere a cualquier instancia de maltrato físico, medicalización excesiva, intervención innecesaria o inapropiada, negación de atención o intervenciones necesarias, falta de información o de respeto al consentimiento informado, retención ilegal, negación de la anestesia, falta de respeto a la intimidad o comentarios sexistas o vejatorios de la que sean objeto la parturienta o su bebé.

Lo cierto es que todas las prácticas citadas por la ONU están ya sancionadas por la legislación española como malas praxis o negligencias. Sin embargo, lo que ha levantado la polémica es el anuncio por parte del Ministerio de Igualdad de incluirla en la reforma de la ley del aborto "como una forma de violencia machista", según anunció Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres.

Este enfoque responde a la perspectiva feminista, que entiende que la violencia obstétrica parte, o como mínimo está determinada, de la discriminación y violencia estructurales a la que están sometidas la mujer en las sociedades patriarcales, y por tanto es cualitativamente diferente a otras formas de negligencias o malas praxis médicas.

Es decir, según esta óptica, las prácticas aglutinadas bajo el término serían el resultado de una medicina que está inevitablemente condicionada por valores y sesgos personales, por cuestiones económicas y por la política (recogiendo así el pensamiento expresado por Foucault) y que, en el marco de una sociedad patriarcal, reproduce por tanto la discriminación estructural hacia la mujer.

Teniendo en cuenta que la violencia machista se entiende como aquella violencia a la que se ven sujetas las mujeres por el hecho de serlo, de acuerdo con esta aproximación la violencia obstétrica encajaría en esta categoría.

La mayor oposición hacia la reforma legal anunciada por Igualdad es la que han expresado numerosos colegios profesionales y asociaciones de profesionales de las especialidades ginecológica y obstétrica, y que queda bien sintetizada en el comunicado emitido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Estos actores opinan que la categorización de la violencia obstétrica como violencia machista "criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica".

Sin embargo, van más allá; en el mismo comunicado, el organismo se opone por completo al empleo del concepto, llegando a afirmar que "el uso del término 'violencia' es particularmente ofensivo: los procedimientos obstétricos que puedan considerarse excesivos o inapropiados serían, en todo caso, acciones basadas en el principio de beneficencia, que buscarían lo mejor para la mujer".

Finalmente, piden "no crear alarmas sociales innecesarias que pueden contribuir a deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente".

Lo cierto es que en los últimos años la realidad de la violencia obstétrica, tal y como la entienden los organismos internacionales, se ha hecho cada vez más visible en España.

Por ejemplo, en 2020 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU instó a España a indemnizar a una mujer que en 2011 denunció haber sufrido procedimientos médicos sobre los que no había sido informada y que no había autorizado, que además le causaron daños físicos y psicológicos duraderos. Los hechos fueron luego desestimados por los tribunales españoles.

Otra muestra se desprende de un trabajo publicado en 2020 en el International Journal of Environmental Research and Public Health y basado cuestionarios completados por una cohorte de más de 17.500 mujeres, en el que se explica que un 38,3% de las madres percibió haber sido víctima de este tipo de violencia y un 44,4% cree que fue sometida a procedimientos innecesarios.