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martes, 23 de noviembre de 2021

Mayor parte del presupuesto de inteligencia del Cestur se distraía en favor de Torres Robiou, según MP

Entre las páginas del extenso expediente Coral 5G, el Ministerio Público establece que tiene cómo probar que mensualmente el coronel Roberto Acevedo Tejada distraía RD$868,000 de la Dirección de Inteligencia del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur), a favor del director ese órgano, general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiou, para su uso particular.

En el apartado de la página 194, el organismo de persecución indica que posee el testimonio de Acevedo Tejada, quien en calidad de “encargado de Inteligencia del Cestur, tenía la asignación de una partida mensual de un millón de pesos, de los que confesó solo haber utilizado 132 mil pesos cada mes, los 868,000 restantes “se lo tenía que devolver a su comandante –Torres Robiou- para el uso particular de este”.

El coronel desempeñó la referida función desde el 07 de septiembre del año 2020 hasta el 04 de mayo del año 2021. Si cada mes distrajo la suma RD$868,000, en total Torres Robiou habría recibido RD$6,994,000 solo desde esa dirección de Inteligencia.

Además, el nombre de Acevedo Tejada aparece en unos pagos de viáticos del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, donde también fungía como “encargado de Seguridad de la Región Cibao Norte” con un sueldo de RD$160,000.00. Según, el MP éste negó haber firmado y/o recibido estos formularios.

“Establece que los viáticos que aparecen como recibidos con la firma de este, en Conani no los recibió y que dicha firma es completamente falsa”, señala el expediente.

El “colaborador del Ministerio Público” no aparece en la lista de imputados, a quienes este jueves le será conocida medidas de coerción.

Están sometidos a la justicia acusados de desfalcar al Estado dominicano: el general Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo de los Santos Viola; el general de brigada Boanerges Reyes Batista; el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores; el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz; el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez; el teniente coronel Kelman Santana Martínez; el mayor José Manuel Rosario Pirón; César Félix Ramos Ovalle; Miguel Ventura Pichardo; Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco.

Son la segunda parte del caso Coral, por el que guardan prisión preventiva el mayor general Adán Cáceres, exdirector del Cusep y supuesto cabecilla del entramado; Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal, tiene arresto domiciliario por razones de seguridad.

De acuerdo al expediente este grupo, aprovechando su cercanía y apoyo irrestricto del “principal ejecutivo del país”, estructuró un “entramado criminal” para cometer una serie de violaciones a las leyes. Tales como:

· La creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, que nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

· Asignación de sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.

· Nombramiento de personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, con la finalidad de “mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.

· Adulteración de cuadres, para presentar informes ficticios a la Contraloría General de la República.

· Pitufeo. Utilización de militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos.

· Evasión del fisco.

· Elección de varias organizaciones religiosas “como escudo” para disfrazar operaciones de lavado de activos.

· Distracción de fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, entre otros.

Los fiscales del Ministerio Público piden 18 meses de prisión preventiva para los encartados en este caso que se desprende del expediente Coral. Además, solicita que el caso judicial sea declarado complejo.



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