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martes, 30 de noviembre de 2021

Virtualidad en Poder Judicial por ley enfrenta a jueces y abogados

Las vistas públicas realizadas ayer por una comisión especial de la Cámara de Diputados para conocer las observaciones sobre el proyecto de ley sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial estuvieron matizadas por las posiciones a favor o en contra de que se establezca la virtualidad, sobre todo para realizar las audiencias judiciales públicas.

Mientras los representantes del Poder Judicial y otros sectores manifestaron que la virtualidad contribuirá a disminuir la mora judicial y a eficientizar los servicios, los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtieron que en el país existe una brecha digital muy alta, que afecta a más del 70% de la población, por lo que es imposible lograr que se aplique esa ley, que de ser aprobada violaría derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los ánimos de los participantes durante las vistas públicas en ocasiones parecían desbordarse y el diputado Víctor Fadul, presidente de la comisión especial, en varias ocasiones recordó que se debía respetar la solemnidad del Salón de la Asamblea Nacional. “Les pido encarecidamente el respeto en este Salón de la Asamblea Nacional... No vamos a permitir que esto se convierta en un relajo”, expresó.

Ysis Muñiz, jueza de la Segunda Corte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la medida del Consejo del Poder Judicial de realizar audiencias judiciales virtuales fue lo que generó que el Poder Judicial sometiera ese proyecto de ley. Aunque destacó que antes de la pandemia, el Poder Judicial se había encaminado a la digitalización de los expedientes y a las audiencias virtuales, reconoció que la llegada del COVID-19 obligó a acelerar ese proceso.

“La decisión del Tribunal Constitucional no ha dicho que la digitalización de expedientes es inconstitucional. No ha dicho que las audiencias virtuales son inconstitucionales. Lo que ha dicho es que el órgano... que dictó esa resolución no era el competente”, dijo.

Admitió que hay una pelea entre la presencialidad y la virtualidad y destacó que ésta última es una herramienta para eficientizar el servicio que se ofrece desde la presencialidad.

Reconoció que existe una contradicción en el proyecto sobre si la virtualidad será opcional u obligatoria, lo que hay que corregir.

Recordó que el próximo 14 de diciembre se vence el plazo de tres meses otorgado por el Tribunal Constitucional sobre la virtualidad. Dijo que el Poder Judicial está en la disposición de colaborar con los congresistas para lograr una buena ley.

Para el juez de paz del Distrito Judicial de La Vega, Fernando Arturo Abreu, nunca antes los que administran justicia habían estado tan cerca de los ciudadanos. Destacó que el tiempo de respuesta se redujo considerablemente.

Miguel Surum, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, insistió ayer en que el proyecto de ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es inconstitucional y que busca contrarrestar la sentencia TC/0286-21 que estableció que la presencia física en las audiencias salvaguarda los principios de intermediación, concentración y contradicción de los usuarios.

El titular del gremio de los abogados seguró que la Justicia funcionaba antes de la pandemia con mayor prontitud de la que tiene ahora.

Las vistas públicas realizadas ayer por una comisión especial de la Cámara de Diputados para conocer las observaciones sobre el proyecto de ley sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial estuvieron matizadas por las posiciones a favor y en contra de que se establezca la virtualidad, sobretodo para realizar las audiencias judiciales públicas.

Mientras los representantes del Poder Judicial y otros sectores manifestaron que la virtualidad contribuirá a disminuir la mora judicial y a eficientizar los servicios, los miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana advirtieron que en el país existe una brecha digital muy alta, que afecta a más del 70 por ciento de la población, razón por la que es imposible lograr que se aplique esa ley, que de ser aprobada violaría los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los ánimos de los participantes durante las vistas públicas, muy parecidos a los propios a los tribunales en ocasiones parecían desbordarse razón por la que el diputado Víctor Fadul, presidente de la comisión especial tuvo que intervenir varias veces para recordar que se debía respetar la solemnidad del Salón de la Asamblea Nacional.

“Les pido encarecidamente el respecto en este Salón de la Asamblea Nacional... No vamos a permitir que esto se convierta en un relajo”, expresó Fadul.

La exposición del juez presidente de la segunda cámara Penal de la Corte de Apelación, José Saul Taveras Canaan, generó que uno de los abogados participantes vociferará la advertencia: “No nos provoquen”.

Una de las primeras en agotar un turno fue Ysis Muñiz, jueza de la Segunda Corte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Ésta planteó que la decisión del Tribunal Constitucional sobre la medida de realizar audiencias judiciales es lo que generó que el Poder Judicial sometiera un proyecto de ley en procura de contar con esa herramienta legal. Aunque destacó que previo a la pandemia se había encaminado a la digitalización de los expedientes y a las audiencias virtuales, reconoció que la llegada del COVID-19 obligó a celebrar ese proceso y recordó que las restricciones no fueron exclusivas del Poder Judicial.

Admitió que desde el Poder Judicial se hizo lo mejor que se pudo y con los recursos con los que se contaban en esos momentos. Por esa razón, exhortó a los congresistas a aprobar la ley que sea posible.

“La decisión del Tribunal Constitucional no ha dicho que la digitalización de expedientes es inconstitucional. No ha dicho que las audiencias virtuales son inconstitucionales. Lo que ha dicho es que el órgano... que dictó esa resolución no era el competente”.

Admitió que hay un pugilato entre la presencialidad y la virtualidad y destacó de ésta última es una herramienta para eficientizar el servicio que se ofrece desde la presencialidad.

Reconoció que existe una contradicción en el mismo proyecto sobre si la virtualidad será opcional u obligatoria, lo que habría que corregir.

Recordó que el próximo 14 de diciembre se vence el plazo de tres meses otorgado mediante sentencia por el Tribunal Constitucional, razón por la que dijo que el Poder Judicial está en la mejor disposición de tratar de manera mancomunada con los congresistas.

Para el juez de paz del Distrito Judicial de La Vega, Fernando Arturo Abreu, nunca antes los que administran justicia habían estado tan cerca de los ciudadanos. Destacó que el tiempo de respuesta se redujo considerablemente.

Admitió que siempre hay un gran temor a lo desconocido y que si el mundo no se hubiera globalizado todavía “estaríamos comiendo animales crudos y hablando en señales de humo”.

La óptica de los abogados

Para Miguel Surun, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, insistió ayer en que el proyecto de ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial es inconstitucional y que busca contrarrestar la sentencia TC/0286-21 que estableció que la presencia física en las audiencias salvaguarda los principios de intermediación, concentración y contradicción de los usuarios.

Aseguró que la justicia funcionaba antes de la pandemia con mayor prontitud que ahora y que antes la fijación de una audiencia se conseguía en dos horas y ahora en hasta tres meses. Aseguró que tampoco hay forma de acceder a los procesos y a los expedientes de manera virtual.

“Se contempla imponer las audiencias virtuales en todas las etapas en un país donde más del 70 por ciento de la población no tiene acceso ni a computadoras ni a internet, ni a los equipos necesarios para acceder, lo cual es inconstitucional”, aseguró.

En tanto que, Diego José García, de la Corriente Dignidad Jurídica del Partido de la Liberación Dominicana, pidió no “sancochar” la aprobación del proyecto de ley.

Aunque admitió que la tecnología contribuye a la eficiencia teme que pueda ir en detrimento de los ciudadanos.

“Estos señores de la Suprema Corte de Justicia pretenden de golpe y porrazo cambiar todo el sistema judicial en dos meses”, cuestionó.

Mientras que el diputado Víctor Fadul, presidente de la comisión especial, aseguró que no se dejarán presionar de ningún Poder del Estado y recordó que “somos el Primer Poder del Estado”.

Dijo que tampoco harán su trabajo en función de que existe o no una sentencia del Tribunal Constitucional debido a que no tienen plazo para conocer esa iniciativa legislativa.

Aseguró que escucharán a todos los sectores y que analizarán cada una de las observaciones presentadas.



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