El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) tiene como objetivo devolver los bienes del Estado adquiridos ilícitamente por personas que estén involucradas en casos de corrupción, al margen de que éstas hayan arribado a un acuerdo con las autoridades del Ministerio Público en aras de lograr condenas.
Jorge Luis Polanco, coordinador de la entidad, refirió que están “obligados, decididos y resueltos” a acudir a los tribunales a pedir la devolución de bienes adquiridos de manera dolosa en perjuicio del Estado y que eso incluye a imputados en expedientes de corrupción que hayan admitido su culpabilidad y han llegado a un acuerdo con la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y “no hayan devuelto los recursos” distraídos a los que se hace alusión en los casos que cursan en los tribunales.
Dijo que actuarán en consecuencia contra las personas del caso Medusa que llegaron a un acuerdo con el MP y, de imputados, pasaron a testigos contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de encabezar una red que presuntamente estafó al Estado con más de seis mil millones de pesos.
“Independientemente de las decisiones que adopte el Ministerio Público y las condiciones en la que entre al proceso una persona, ya sea como testigo, si el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público detecta y verifica que conforme a las faltas que se han verificado, que se puede probar en el proceso, que el Estado ha sido lesionado económicamente, real y efectivamente por el mandato que hemos recibido estamos obligados y estamos decididos y estamos resueltos a que vamos a reclamar la recuperación de ese patrimonio público”, fue la respuesta que dio al ser consultado sobre el tema en el programa televisivo El Día, de Telesistema, canal 11.
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Una nota de prensa enviada por el ERPP, que reseña su participación en el programa, indica que el funcionario judicial destacó que el ERPP promueve y patrocina los procedimientos que, de manera eficiente, las leyes permiten para llegar a acuerdos plenos, parciales, criterios de oportunidad, entre otros, bajo control de la tutela judicial. “Y al efecto, el Ministerio Público usa de manera efectiva esos instrumentos legales”.
“Ahora bien, en todos esos casos, los cuales nosotros vemos como correctos, no quiere decir, ni se puede entender, que la parte que el Estado ha perdido se dejan de recuperar. Que quede claro eso”, enfatizó.
Investigan más de 100 casos
Reveló que se investigan más de cien casos en donde alegadamente el patrimonio público estaría comprometido, independiente de los dados a conocer por el Ministerio Público.
“Hemos logrado identificar centenares de casos que están siendo evaluados por los diferentes equipos porque la corrupción es sistémica. Tenemos casos que no tiene el Ministerio Público. La naturaleza del trabajo que nosotros realizamos es una naturaleza que no es solamente con relación al aspecto penal”, refirió Polanco.
Señaló que desde el equipo se trabajan casos que, por su naturaleza, son eminentemente civil y casos de índole administrativa en la cual están en capacidad de ir ante esas jurisdicciones para hacer los procedimientos de lugar a fin de proteger el interés patrimonial.
“Más de cien en investigación, en trabajo, porque realmente, el mismo decreto motivaba a todas las instituciones públicas que cuando recibieran el manejo de los recursos públicos, tratar de inventariar, de darle seguimiento con sus técnicos, y fueron detectadas una serie de irregularidades. También de oficio se hacen denuncias públicas que nosotros la tomamos en serio, la evaluamos, y no descartamos ninguna vía de información que nos llegue porque no podemos descartar a priori nada”, señaló el coordinador general del ERPP.
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