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viernes, 26 de agosto de 2022

PC exige aprobación de leyes electorales

Representantes de Participación Ciudadana exhortaron este jueves al Congreso Nacional aprobar lasmodificaciones a las leyes 15-19 de Régimen Electoral y 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de cara al próximo torneo electoral que ocurrirá en 2024.

El movimiento indicó que la Junta Central Electoral (JCE) realizó un "valioso aporte” al presentar ante el poder legislativo dos propuestas para la modificación de las normas que regulan la materia electoral en el país.

Precisaron que los actores políticos, sociales y representantes de la JCE debatieron por más de cuatro meses las reformas que se le deben hacer al sistema electoral en el marco del diálogo por las reformas que coordinó el Consejo Económico y Social (CES).

“En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativa las leyes electorales y de partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral. Es importante mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, explicó Joseph Abreu, coordinador general del movimiento.

Abreu dijo que se hace imperativo que el país cuente con un marco electoral actualizado y definido para que las elecciones venideras sean realizadas bajo ese marco jurídico.

“Definitivamente todos los actores políticos deben asumir su compromiso de cara a los ciudadanos y los requerimientos que está exigiendo la sociedad”, manifestó Abreu.

De su lado, Leidy Blanco, miembro de la entidad, manifestó que el partido de Gobierno debe hacer mecanismos y leyes que permitan el fortalecimiento de la democracia, lo cual incluye la aprobación de las leyes electorales para que la próxima contienda electoral sea “íntegra, transparente, inclusiva y equitativa”, lo cual a su parecer solo se realizará con la voluntad del Gobierno y los partidos políticos.

“Cuando estuvimos sentados en el CES,muchos de los partidos no mostraron esa voluntad. Señores en el CES nos sentamos en enero y hasta el día de hoy, todavía estamos ya en agosto, después de todas las presiones sociales que se hicieron y el llamado de que hay que contar con mecanismos que no permitan debilitar la democracia a pesar del reclamo los partidos, no hicieron caso”, sostuvo Blanco.

Aseguró que irse a una contienda electoral con las actuales leyes que han sufrido la anulación de varios de sus articulados sería un error,ya que debido a que “no hay una ley sólida" hay “sentados en el curul del Congreso gente que está involucrado en temas de narcotráfico”.

“Ahora se requiere que las leyes electorales permitan verdaderamente fiscalizar los partidos políticos. En la medida en que los partidos políticos estén fiscalizados y fortalecidos en esa misma medida ganamos todos como población”, sentenció Blanco.

Participación Ciudadana indicó que la preocupación que externan es debido a que si la modificación de las leyes no se hace en la presente legislatura “la JCE no tendrá tiempo de crear los mecanismos institucionales que permitan que la próxima contienda tengan un marco establecido”.

Señaló que con el inicio de la legislatura es urgente que el Congreso Nacional ponga en agenda la discusión de las leyes 33-18 y 15-19 para su modificación, con la finalidad de fortalecer el sistema electoral y de partidos.

El organismo indicó que en lo referente a la ley 15-19 se deben abordar los avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical, reducción de los plazos de apertura de campaña, eliminación de la sumatoria de votos, con excepción del nivel senatorial, reducción de los topes de los gastos de campaña por organización y por candidatura, reducción de los topes de las contribuciones individuales y la fórmula de repartición de escaños más democrática.

También, el establecimiento de crímenes y delitos electorales y sus sanciones, de un Ministerio Público Electoral, plazos y sanciones relativos a los informes de ingresos y gastos y el establecimiento de crímenes contra la integridad de las elecciones.

Mientras que sobre la ley 33-18 se deben tomar en cuenta la modificación de plazos para las solicitudes y aprobaciones de reconocimiento, establecimientos de nuevas infracciones administrativas electorales, modificaciones al período de campaña interna y escogencia de candidatos.

Los topes de gastos de precampaña y contribuciones a los precandidatos, la propaganda permitida y prohibida, modificación de las responsabilidades de la JCE en las primarias de los partidos, la definición del pago de los gastos de las primarias, el porcentaje de reservas de las candidaturas por parte de la dirección de la organización, las sanciones de las infracciones administrativas y regulaciones de las alianzas y coaliciones.



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