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martes, 1 de noviembre de 2022

Esto es lo que sucede con el caso de la Familia Rosario

El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 14 de noviembre la audiencia preliminar contra el abogado Johnny Portorreal y otros tres acusados de estafar a 283 personas con la supuesta herencia de la familia Rosario.

El juez Reymundo Mejía aplazó la audiencia por la ausencia de los imputados Miguelina Gómez Santana y Miguel de Óleo Montero, a quienes declaró en rebeldía.

Gómez Santana y De Óleo Montero tienen la medida de coerción de prisión domiciliaria con grilletes.

El abogado Viterbo Pérez, representante de Portorreal, dijo que el juez determinó que Gómez Santana y De Óleo Montero debían presentarse por cuenta propia porque la resolución de la coerción así lo establece, y en consecuencia podían asistir a las audiencias y a la Fiscalía sin recurrir a medio libre para su traslado.

Esta es la segunda vez que se aplaza el caso. Momentos antes de iniciar la audiencia, dos grupos de personas, que dicen son "herederos" de la familia Rosario se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, unos a favor de Portorreal y otros en contra.

Quienes lo apoyan afirman que el acusado diligenció los títulos de propiedad y los depósitos que corresponden a toda la familia.

Agregan también que su prisión es ilegal, tras argumentar que quienes lo imputan no eran clientes sus clientes y carecen de calidad para acusarlo.

Los que acusan a los imputados afirman que faltan más estafadores en el expediente, principalmente exfuncionarios.

Sostienen que son unas 16 personas que están fuera del proceso, entre ellos Simón Lizardo, exadministrador del Banreservas.

El pasado 26 de septiembre, el juez aplazó la audiencia porque el abogado de Portorreal y el imputado Miguel de Oleo Montero no asistieron.

Además de Portorreal y De Oleo Montero, la Fiscalía del Distrito Nacional señala a Miguelina Gómez Santana e Hilario Amparo de la Cruz, de estafar a 283 personas de apellido Rosario.

El Ministerio Público le atribuye a los cuatro imputados "requerir la entrega de diferentes montos de dinero", para usar "la información falsa de que el dinero de la herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Santander, de España, y el Banco Zurich, de Suiza".



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