Estudio: “política pública de gestión de riesgo está capturada por una élite política”

Esa fue una de las conclusiones del estudio “Captura política en la gestión de riesgo de desastres: entre discrecionalidad y asistencialismo”.

Una “élite política” tiene capturada la política pública de gestión de riesgo y ha sacado provecho de las intervenciones postdesastres a través de la creación de una red de aliados, amigos, empleados y familiares, en la República Dominicana.

Esa fue una de las conclusiones del estudio “Captura política en la gestión de riesgo de desastres: entre discrecionalidad y asistencialismo”, presentado por el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD) y Oxfam en República Dominicana.

La investigación indicó que dicha red, además de “apropiarse de los proyectos de respuesta, genera en las comunidades grupos de población con un mayor acceso a los recursos de poder”.

“Los factores estructurales que facilitan la captura de la política de gestión de riesgo son: las desigualdades socioeconómicas, la ausencia de frenos y contrapesos institucionales, la pasividad de la oposición política, los imaginarios autoritarios, y un marco regulatorio que requiere importantes ajustes”, señala el documento,

A partir de la metodología de captura política desarrollada por Oxfam, el informe describe y analiza cómo la política del Estado ante los desastres provocados por eventos climáticos se ve capturada por una élite política y económica que se beneficia de la adversidad de las personas en mayor situación de vulnerabilidad.

El informe también afirma: “La modalidad asistencial y residual de las intervenciones estatales perpetúan el riesgo o lo sustituyen por otro, manteniéndose así los niveles de vulnerabilidad social y económica. Esta vulnerabilidad tiene un impacto extra en la vida de las mujeres y vinculado con una mayor exposición al riesgo al momento del paso de un fenómeno natural, debido a su menor acceso a recursos económicos y sociales”.

Al presentar los resultados del estudio, Lety Melgen y Anselmo Muñiz coincidieron en que la captura de las políticas sociales es sintomática en el Estado dominicano, y “refleja la conformación de un nuevo tipo de autoritarismo en el que la tecnificación de los dispositivos permite a la élite política enriquecerse a costa de las necesidades de la población”.

Para describir y analizar las políticas de intervención postdesastre y de gestión de riesgo, los autores seleccionaron cuatro intervenciones realizadas por el Estado entre los años 2007-2017.

El informe se enfoca en los siguientes cuatro casos: los proyectos habitacionales Los Toros y El Rosario, en Azua; los préstamos a productores bananeros afectados por los ciclos de sequías e inundaciones en la Línea Noroeste; la construcción de nuevo Boca de Cachón, en la provincia Independencia; y el proyecto de Transformación Urbana, Sanitaria y Ambiental del Riito de La Vega.