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martes, 17 de marzo de 2020

Imponen primera medida de coerción a acusado de hacer proselitismo cerca de centro de votación

El juez de Atención Permanente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Fernan Ramos Peralta, impuso este martes medidas de coerción contra de Yeyson Arias Fernández por presuntamente haber cometido delitos electorales en las elecciones extraordinarias municipales de este 15 de marzo.

La medida a Arias Fernández le impusieron presentación periódica y una garantía económica de 20 mil pesos en efectivo por presuntamente haber realizado proselitismo a menos de 20 metros de un recinto electoral en las pasadas elecciones.

El magistrado Fernan Ramos descartó el soborno.

Precedente

Con esta decisión, el imputado se convirtió en la primera persona en ser sometida judicialmente por cometer delito electoral contemplados en la Ley de Régimen Electoral de la República Dominicana No. 15-19.

Arias Fernández fue señalado por el Ministerio Público por presuntamente incurrir en el delito de realización de actos de promoción de un candidato a menos de 20 metros de un recinto electoral y de haber cometido el delito de tentativa de soborno para inducir el voto a favor de Milton Martínez, candidato a regidor en Santiago por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Los abogados del imputado, Devid Medina y Marlene Cordero, negaron que su defendido haya incurrido en sobornos. Consideraron que el juez actuó con justicia y emplazaron al Ministerio Público para que concluya sus investigaciones en tres meses.

Mientras que algunos allegados al imputado calificaron el expediente de la Procuraduría Electoral como “una caricatura”. Alegaron que a éste le encontraron RD$1,400 que tenía para comprar comida para unos parientes y que ese dinero no era para sobornar a votantes.

Esta primera audiencia tuvo una duración de poco más de tres horas a puertas cerradas.

La Procuraduría Electoral había solicitado que a Arias Fernández le impusieran una garantía económica de RD$100 mil en efectivo, impedimento de salida del país sin el permiso correspondiente y presentación periódica una vez al mes, durante seis meses, por ante la Procuraduría Fiscal de Santiago.



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